Discapacitados tendrán Ley de Integración Laboral

En Chile existe un 90 por ciento de cesantía entre los jóvenes y adultos con discapacidad en edad de trabajar. La fuerza laboral del sector alcanza a más de 1.625.000 personas”.


La Fundación Nacional de Discapacitados viene educando y concientizando hace décadas respecto a la necesaria legislación que permita establecer que las empresas públicas y privadas contraten a personas con discapacidad. Tal como ya se hace en países como Argentina, España e Italia.

El Senado de la República de Chile, acaba de acoger nuestra histórica demanda a través del Senador independiente Carlos Bianchi, quién fundamentado en nuestra experiencia y estadísticas, presentó un Proyecto de Ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley 19.284 en lo relativo a la inserción laboral de las personas con discapacidad.

Disminuir la discriminación laboral que afecta a mas un millón y medio de discapacitados en el país, pretende el Proyecto de Ley que obliga a las empresas públicas a contar con al menos un 4% del total de sus trabajadores, en condiciones de discapacidad.

Esperamos como Fundación, que dicha moción incorpore luego a todas las empresas privadas.

Según cifras y estudios que la Fundación Nacional de Discapacitados ha recopilado al respecto, no hay duda de que sobre el 90% de las personas en esta condición no ingresa al mundo del trabajo, que el 9% se desenvuelve en labores informales –por ejemplo, en la venta ambulante- y que solo el 1% encuentra trabajo, esto pese a que gran parte de ellos se encuentra más que preparado para trabajar.

Discapacidad en Chile

Tal como establecemos en cada una de nuestras publicaciones, las personas con discapacidad y sus familias, a diario sufren una profunda exclusión y discriminación en el ámbito de la salud y la rehabilitación, la previsión y seguridad social, en el transporte, la educación, capacitación, empleo, cultura, diversión, y un largo etcétera.

La iniciativa, que será analizada por la Comisión de Salud, incorpora una disposición que señala que “las empresas públicas, estarán obligadas a que al menos el 4%, de sus trabajadores sea discapacitado, en los términos que contempla la ley”, y agrega que para calcular esa cifra, el cómputo se realizará sobre el total de empleados que tenga la empresa en el territorio nacional y no el de las distintas sucursales separadamente.

No obstante, se podrá justificar el incumplimiento de esa medida, en los casos en que no se presente un número suficiente de personas con discapacidad para cubrir los puestos que corresponde. Asimismo, la propuesta dispone que la contratación de discapacitados se haga efectiva a más tardar dentro de 6 meses, contados desde la publicación de la ley.

Según el parlamentario, “la exclusión de las personas discapacitadas es una realidad innegable, enmascarada por cuerpos normativos que si bien han promovido la integración de este segmento, no han logrado la suficiente sensibilización de conciencia respecto de sus necesidades. Y en tal sentido, la inserción laboral de las personas con discapacidad sigue siendo tarea pendiente”.

REALIDAD INNEGABLE

La Fundamentación del Proyecto de Ley citó información recopilada por la Fundación Nacional de Discapacitados, la cual señala que sobre el 90% de las personas con discapacidad no ingresa al mundo laboral, fundamentalmente por la existencia de prejuicios en torno a la rentabilidad que conlleva contratarlas, sin dimensionar el valor agregado.

“Me parece que ya es oportuno incorporar exigencias que favorezcan a los discapacitados, de forma más estricta en nuestro ordenamiento, particularmente en lo que respecta a los derechos laborales. Es tiempo que tanto sectores públicos como privados asuman un compromiso social con los discapacitados de nuestro país, por lo que debemos reevaluar las normas al respecto.

Además de tener que enfrentar serios problemas de desplazamiento, por la inapropiada implementación en los sistemas de locomoción, la vaga organización vial y de infraestructura que impide el fluido desplazamiento de las personas con algún grado de discapacidad, debemos sumarle el flagelo, discriminación y desmedro que muchos de ellos sufren a la hora de solicitar empleo. Esta situación no puede existir más, y todos debemos tener los mismos derechos para una vida digna y sin discriminaciones.

Por lo mismo, creo que esta iniciativa es un primer paso para asegurar el desarrollo laboral de los discapacitados y para que las empresas privadas también se sientan invitadas a contratar a personas con discapacidad. No se trata de un sentimiento altruista, sino de que se asuma el deber de los empresarios en cuanto a darle corazón a sus empresas y en el marco de la responsabilidad social empresarial, esta medida presentaría sendos beneficios, tanto para el empleador como para los empleados”.

Cabe señalar que en muchos países ya se han incorporado disposiciones que comprometen al sector empresarial y público con el mundo de la discapacidad, como es el caso de España, donde la Ley de Integración Social del Minusválido exige que un mínimo del 2% de las plantillas de más de 50 empleados esté compuesto por personas impedidas.

En el caso de Italia, además de imponerse la obligación de contratación de trabajadores discapacitados, por parte de los empleadores que tengan más de 15 trabajadores dependientes, también se plantea como finalidad la de localizar un puesto de trabajo acorde con las capacidades de las personas, para una correcta inserción en el mundo laboral.

El Senado de la República señala a su vez, que en Argentina se creó el Programa de Inserción Laboral para Trabajadores con Discapacidad, destinado a insertar laboralmente en el sector privado y en el sector público, a las trabajadoras y trabajadores con discapacidad y a los pertenecientes a grupos vulnerables de desocupados.

Coincido con el Senador, solo me queda agregar como experto en el área, la necesidad imperiosa de ampliar la norma a las empresas privadas, estableciendo fondos de capacitación e incentivos para que las empresas que cumplan con la normativa una vez promulgada la ley, se nutran con la experiencia de integración. Sin duda que en la medida que el empresariado conozca la realidad de las personas con discapacidad en Chile, así también les será más fácil cumplir con esta Ley.

Resulta indispensable capacitar a los empleadores en temas como la accesibilidad del entorno físico, tecnológico, informativo, las relaciones laborales y prevención.

Trabajar las expectativas v/s la realidad, con el fin de que la inserción laboral del sector sea una realidad, una experiencia grata y exitosa. A su vez desde la Fundación planteamos la necesidad de que los sueldos y los contratos de trabajo, estén a la altura del promedio de los sueldos y condiciones de cada empresa y no por debajo de estos por el solo hecho de tratarse de una persona con capacidades diferenciadas.

Desde la Fundación Nacional de Discapacitados valoramos esta iniciativa y esperamos su pronta aprobación, que representará un importante avance dirigido a crear condiciones favorables para todas las personas con discapacidad y sus familias, en el entendido de que es más beneficioso y productivo que la fuerza laboral del sector, se transforme de un terreno pasivo a un elemento dinámico que logre mayor desarrollo, crecimiento económico y justicia social para el país.

PROYECTO DE LEY

Artículo Único: Incorpórese el siguiente artículo a la Ley 19.284:
“Artículo 37 (bis): Las empresas públicas, estarán obligadas a que al menos el 4%, de sus trabajadores sea discapacitado, en los términos que expresa esta ley.

El cómputo se realizará sobre el total de trabajadores de la empresa, dentro del territorio nacional y no el de las distintas sucursales separadamente y cualquiera que sea la forma de relación laboral que vincule a los trabajadores con la empresa.
Quedarán excluidas de la misma, aquellas empresas cuyas faenas mayoritarias sean incompatibles con la salud de una persona discapacitada.

A su vez, se considerará justificado el incumplimiento, en los casos de no presentarse suficiente número de minusválidos para cubrir los puestos que les corresponden de acuerdo a este artículo.”
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